SANTO DOMINGO, RD. – Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) continúan siendo el principal motor económico de la República Dominicana, al representar cerca del 98 % del tejido productivo nacional, generar aproximadamente el 62 % del empleo y aportar alrededor del 32 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Banco Central y del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM).

Sin embargo, pese a su importancia estratégica para la economía nacional, diversos sectores consideran que las MIPYMES siguen operando bajo condiciones desiguales, enfrentando altas cargas tributarias, costos operativos crecientes y escaso acceso a financiamiento competitivo.

El empresario y analista económico Andrés Cosma advirtió que muchas pequeñas empresas desaparecen a un ritmo mayor al de su creación, debido a la falta de políticas públicas efectivas enfocadas en fortalecer y preservar este sector productivo.

“Las MIPYMES son la verdadera Cenicienta de la economía dominicana: sostienen el empleo, dinamizan el comercio y mantienen activa la economía nacional, pero continúan siendo uno de los sectores menos protegidos”, expresó.

Entre las principales dificultades que enfrentan las empresas del sector se encuentran los elevados costos fijos, incluyendo energía eléctrica, telefonía, internet, TSS, INFOTEP, pasivos laborales, seguridad, seguros médicos, arbitrios municipales, impuestos y gastos legales y contables.

A esto se suma el impacto de la Ley 98-25 sobre gestión de desechos sólidos, la cual establece contribuciones obligatorias que, en determinados casos, pueden alcanzar hasta RD$675,000 para empresas con ventas superiores a RD$100 millones anuales.

Según Cosma, esta nueva carga representa una amenaza directa para la sostenibilidad financiera de muchas empresas, especialmente en un contexto donde los márgenes de rentabilidad son cada vez más reducidos.

Asimismo, llamó la atención sobre las distorsiones existentes entre la clasificación empresarial establecida en la Resolución 079-25 del MICM y los criterios aplicados por instituciones como la DGII, la TSS y el Ministerio de Trabajo.

Explicó que, en muchos casos, microempresas son tratadas como pequeñas empresas y pequeñas empresas como medianas, provocando cobros y obligaciones desproporcionadas que afectan seriamente la estabilidad financiera de los negocios.

La Resolución 079-25 establece las siguientes categorías empresariales:

• Microempresa de subsistencia: hasta 2 empleados y ventas anuales de hasta RD$856,459.50.
• Microempresa de acumulación: hasta 10 empleados y ventas de hasta RD$11,419,854.62.
• Pequeña empresa: de 11 a 50 empleados y ventas de hasta RD$77,084,018.72.
• Mediana empresa: de 51 a 150 empleados y ventas de hasta RD$288,351,329.30.

No obstante, el sector denuncia que estas escalas aún no han sido armonizadas completamente por distintas instituciones estatales, lo que provoca que numerosas empresas continúen tributando bajo parámetros desactualizados.

Ante esta realidad, se hace un llamado urgente a las autoridades para implementar políticas públicas más inclusivas, facilitar el acceso al crédito a tasas blandas, simplificar el sistema tributario y ampliar las oportunidades de participación de las MIPYMES en las compras gubernamentales.

También se plantea la necesidad de impulsar programas permanentes de formación en educación financiera, manejo de personal, contabilidad, control de inventarios y transformación digital.

“Defender, fortalecer y garantizar la sostenibilidad de las MIPYMES no debe verse como un favor, sino como una prioridad estratégica para el desarrollo económico y social de la República Dominicana”, concluyó Cosma.

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